Sentencia confirmada por la expropiación de YPF: Argentina deberá pagar USD 16.000 millones
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska dejó firme este viernes la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.
A partir de este momento comenzarán a correr interés de cerca del 6 por ciento por semana. Se trata de una sentencia de primera instancia, que la jueza dio por cerrada hoy luego de una demanda que duró más de ocho años.
Argentina podría apelar el fallo o pedir una suspensión del mismo hasta que asuma el nuevo gobierno, en diciembre.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.
A partir de allí se desencadenaron acontecimientos que derivaron en este fallo.La ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los fondos buitres de «sobornar» a jueces para que emitan fallos a su favor.
«Hay un viejo aforismo que reza: ‘Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad’. Y si no me crees mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares», publicó la expresidenta en su cuenta de X.
Y finalizó: «Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de EEUU, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país».
Una semana después de dar a conocer su resolución, la jueza Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF.
Se trata de un fallo por el que la Argentina deberá pagarle poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi. La Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares.
